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LA PLATA.- Fue un fallo de último momento, que evitó que la causa por el homicidio de Javier Rojas Pérez, un presunto caso de "gatillo fácil" ocurrido hace ya catorce años frente a una pizzería de Wilde, quedara cerrada por prescripción; un resultado que la familia del joven asesinado buscó evitar a toda costa.
Diego Centurión, el ex policía condenado primero a tres años de prisión y luego a ocho por ese hecho, estuvo a punto de quedar libre de cargos por el mero transcurso del tiempo: dentro de pocos días se cumplen doce años de la primera de esas condenas, y son justamente doce años los que un acusado de homicidio puede pasar sin sentencia firme.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el miércoles un recurso presentado por la defensa de Centurión, el policía que el 23 de julio de 1995 mató a Rojas Pérez de un balazo en la cabeza, durante un procedimiento de identificación, luego del asesinato de un paraguayo a manos de una patota. Rojas, de 23 años, murió en el acto; Centurión fue juzgado por un tribunal de Lomas de Zamora y condenado, casi dos años más tarde, a tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo, por entender que no tuvo intención de disparar su arma.
En los casi doce años que pasaron desde entonces, el trámite judicial tuvo muchas idas y venidas: no sólo por la sucesión de recursos y apelaciones, sino porque atravesó los vaivenes de sucesivas reformas legales. Primero, pasó al Tribunal de Casación Penal, que en 2005 condenó a Centurión por homicidio simple (por haber apuntado a la cabeza de un joven desarmado con un arma amartillada). La Cámara Penal le fijó una pena de ocho años de prisión. Pero el abogado del ahora ex policía, Lorenzo Fraiese, apeló la decisión de Casación ante la Suprema Corte de Justicia provincial. Y ahí quedó hasta hace tres días, en que la Corte confirmó el fallo, tan sólo un día antes de su prescripción.
Fuentes con acceso al expediente explicaron a LA NACION que el artículo que fija los plazos de prescripción para las causas penales (el 67 del Código Penal), modificado hace cuatro años, da lugar a varias interpretaciones respecto de cuáles son los hechos que pueden "detener el reloj" y evitar que la causa quede cerrada.
Pero el abogado querellante, Adrián Albor, dijo que lo natural en su caso era adoptar "la interpretación más cautelosa" y considerar que el trámite podría prescribir el próximo 3 de julio, cuando se cumplan doce años de la primera condena a Centurión, por homicidio culposo. "Desde la última modificación, en 2005, no hay precedente sobre el particular", señaló Albor.
Gabriela Rojas Pérez, hermana del joven muerto, pasó los últimos doce años luchando por justicia: "Tuve una sensación de soledad absoluta. Estuve esperando una especie de indignación colectiva, y eso no ha pasado. Creo que las cosas pasan porque, como sociedad, las permitimos". Y argumentó que el alargamiento de los plazos es también pernicioso para las víctimas.
El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense, el juez Carlos Lami, reconoció: "Los jueces penales están inundados de causas y por eso los plazos procesales se alargan tanto". En su visión, la solución radica en "reducir la cantidad de causas con las que debe lidiar cada juzgado". El abogado de Centurión dijo que su defensa no apostó a la prescripción: "No queríamos eso. Centurión es una muy buena persona; cometió un error y ahora estoy luchando para que tenga una condena justa".
Diego Centurión, el ex policía condenado primero a tres años de prisión y luego a ocho por ese hecho, estuvo a punto de quedar libre de cargos por el mero transcurso del tiempo: dentro de pocos días se cumplen doce años de la primera de esas condenas, y son justamente doce años los que un acusado de homicidio puede pasar sin sentencia firme.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el miércoles un recurso presentado por la defensa de Centurión, el policía que el 23 de julio de 1995 mató a Rojas Pérez de un balazo en la cabeza, durante un procedimiento de identificación, luego del asesinato de un paraguayo a manos de una patota. Rojas, de 23 años, murió en el acto; Centurión fue juzgado por un tribunal de Lomas de Zamora y condenado, casi dos años más tarde, a tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo, por entender que no tuvo intención de disparar su arma.
En los casi doce años que pasaron desde entonces, el trámite judicial tuvo muchas idas y venidas: no sólo por la sucesión de recursos y apelaciones, sino porque atravesó los vaivenes de sucesivas reformas legales. Primero, pasó al Tribunal de Casación Penal, que en 2005 condenó a Centurión por homicidio simple (por haber apuntado a la cabeza de un joven desarmado con un arma amartillada). La Cámara Penal le fijó una pena de ocho años de prisión. Pero el abogado del ahora ex policía, Lorenzo Fraiese, apeló la decisión de Casación ante la Suprema Corte de Justicia provincial. Y ahí quedó hasta hace tres días, en que la Corte confirmó el fallo, tan sólo un día antes de su prescripción.
Fuentes con acceso al expediente explicaron a LA NACION que el artículo que fija los plazos de prescripción para las causas penales (el 67 del Código Penal), modificado hace cuatro años, da lugar a varias interpretaciones respecto de cuáles son los hechos que pueden "detener el reloj" y evitar que la causa quede cerrada.
Pero el abogado querellante, Adrián Albor, dijo que lo natural en su caso era adoptar "la interpretación más cautelosa" y considerar que el trámite podría prescribir el próximo 3 de julio, cuando se cumplan doce años de la primera condena a Centurión, por homicidio culposo. "Desde la última modificación, en 2005, no hay precedente sobre el particular", señaló Albor.
Gabriela Rojas Pérez, hermana del joven muerto, pasó los últimos doce años luchando por justicia: "Tuve una sensación de soledad absoluta. Estuve esperando una especie de indignación colectiva, y eso no ha pasado. Creo que las cosas pasan porque, como sociedad, las permitimos". Y argumentó que el alargamiento de los plazos es también pernicioso para las víctimas.
El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense, el juez Carlos Lami, reconoció: "Los jueces penales están inundados de causas y por eso los plazos procesales se alargan tanto". En su visión, la solución radica en "reducir la cantidad de causas con las que debe lidiar cada juzgado". El abogado de Centurión dijo que su defensa no apostó a la prescripción: "No queríamos eso. Centurión es una muy buena persona; cometió un error y ahora estoy luchando para que tenga una condena justa".
